La sanción que ha propuesto el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l’Illa de Menorca para castigar las obras presuntamente ilegales realizadas en las fincas Son Felip y Algaiarens de Ciutadella, hoy son propiedad del empresario Manel Adell, asciende en conjunto a 3,5 millones de euros.
Es la multa más elevada en la historia de este organismo, que tiene el carácter de entidad pública e instrumental y la finalidad de ejercer, en el ámbito de Menorca, las competencias que las leyes de disciplina urbanística -en permanente modificación- atribuyen al Consell y los ayuntamientos. En la actualidad Es Migjorn Gran no forma parte del consorcio.
MULTAS SIN COBRAR
Si esta sanción llega algún día a materializarse y se cobra, multiplicará por diez la previsión de ingresos por multas incluida en los presupuestos de este año.
Una partida de 371.191 euros que duplica las cantidades recaudadas estos dos últimos años: 144.218 euros en 2022 y 195.838 euros en 2023. Durante la pandemia, en 2021, solo se ingresaron 60.200 euros.
Desde su creación, en 2005, esta entidad de derecho público, que depende del Consell y tiene atribuida la presidencia, arrastra un problema endémico: las dificultades para hacer efectivas y recaudar las multas que impone. En 2022 las cantidades pendientes de cobro superaban los diez millones de euros.
Como el papel lo aguanta todo, en las cuentas anuales se presupuestan unos ingresos en concepto de sanciones que nunca se llegan a ingresar, desde la tesorería del Consell han de cuadrar los números del consorcio, con transferencias que oscilan entre los 120.000 y los 200.000 euros cada año.
EXPEDIENTE ARCHIVADO
Volvemos al principio: la propuesta de sanción de 3,5 millones de euros por las supuestas infracciones urbanísticas y los cambios no autorizados en los proyectos aprobados que se habrían perpetrado en Son Felip y Algaiarens.
Hay cuestiones extrañas, que demandan explicaciones. Concretamente, el principide las inspecciones llevada a cabo en estas fincas rústicas de Ciutadela. Tienen su origen en las denuncias presentadas en su día por personal que estuvo vinculado a las explotaciones.
También queda sin aclarar por qué el consorcio abrió un primer expediente relativo a la colocación de placas solares que motivó una petición de sanción de 2,5 millones de euros. Pero este expediente, sorprendentemente, fue archivado.
Y, sin solución de continuidad, con la mirada puesta en Son Felip y Algaiarens, se inició el segundo expediente disciplinario que ha culminado con la propuesta para aplicar una multa de 3,5 millones de euros. Cabe preguntar cómo -Qui prodest?- se ha producido la filtración de unos datos que, en teoría, están protegidos por ley.
Como explica la consellera de Ordenación Territorial y Turística de Menorca, Núria Torrent, no es momento de realizar declaraciones al tratarse de expedientes sancionadores en trámite que han sido recurridos, aún no hay resoluciones aprobadas y lo impide expresamente la Ley de Protección de Datos.
LA ARBITRARIEDAD
Las acciones emprendidas en estos dos llocs de Ciutadella por el organismo que ha de proteger la legalidad urbanística en el suelo rústico de Menorca van para largo. La representación legal del exdirector general y CEOde Desigual, Manel Adell, a través de la sociedad propietaria, Rock Solid, ha presentado alegaciones en las que adjetiva las acusaciones del consorcio como «meras presunciones» que no se ajustan a la realidad.
Entre otros hechos, habrá que valorar lo que para los inspectores son piscinas mientras que para la propiedad son balsas de riego autorizadas, que fueron construidas por el anterior propietario de Son Felip, el arquitecto Guillem Reynés, que fue presidente del Real Mallorca.
La multa de 3,5 millones de euros es calificada como «arbitraria y sin fundamento», y advierte que recurrirá a los tribunales tras manifestar que el Consorcio llevó a cabo «una inspección prospectiva con la finalidad de buscar cualquier tipo de supuesta infracción, por pequeña que sea, que nada tiene que ver con la denuncia que motivó la actuación inspectora, la instalación de unas placas solares y el cambio de posición de unas balsas autorizadas». Naturalmente, esto continuará.
EN ALGEMESÍ
Hay que leer y releer el artículo del presbítero Joan Camps «Ho han perdut tot, ho donen tot», que publicamos hoy sobre la actuación solidaria de los voluntarios menorquines en Algemesí.
«Como sacerdote -afirma- me siento orgulloso de haber podido contribuir, aunque sea con poco, a esta reconstrucción, no solo física, sino también emocional. Esta experiencia me marcará para siempre y me servirá de inspiración para seguir trabajando para todas aquellas personas que lo necesitan».
El apunte
Preguntas de la semana
- ¿Será convocada y asistirá Hidrobal, concesionaria del suministro de agua potable en Maó, a la próxima reunión de la comisión que analiza la ‘crisis del agua’?
- ¿Cómo y cuándo acabarán las sanciones incoadas por el Consorci de Suelo Rústico contra Algaiarens y Son Felip?
- ¿Habrá acuerdo del Govern y la oposición para legalizar las viviendas construidas en terrenos inundables?
- ¿Optará el Consell por liberalizar la Inspección Técnica de Vehículos y abrirá este servicio a la libre competencia?
- ¿Tendrá en cuenta Correos la petición del PP para aumentar la plantilla en Menorca?