Algunos responsables autonómicos de enseñanza han pedido al nuevo ministro de educación, el señor Méndez Vigo, que paralice la aplicación de la LOMCE. El aspecto que más les preocupa es la evaluación final de ESO, cuya superación será indispensable para poder acceder al Bachillerato y a la FP. Muchos profesores entendemos su preocupación, porque sabemos que con estas evaluaciones se descubrirá que los niveles de los alumnos son inferiores a lo que se está diciendo. Esta situación se ha generado porque no hay ningún control externo de las calificaciones que dan los centros.
Aunque los colegios e institutos intentan hacer las cosas bien, no lo pueden conseguir ya que si no aprobaran a bastantes alumnos que no llegan al aprobado, se quedarían sin alumnos para el curso siguiente, ya que estos se irían a otros centros más permisivos. Este bajo nivel de exigencia hace que muchos alumnos no se esfuercen y, por lo tanto, que no aprendan ni adquieran hábitos de trabajo.
Para salir de este círculo vicioso hay que establecer una evaluación externa al final de la ESO, que permita confirmar que las notas que dan los centros realmente reflejan los conocimientos adquiridos por los alumnos. Tras la evaluación de final de ESO del año 2017, que sólo tendrá carácter de diagnóstico, cada Comunidad Autónoma y cada centro sabrá en qué ha de mejorar y los alumnos que ahora no se esfuerzan, al ver que es indispensable estudiar para aprobar, volverán a hacerlo y a aprender.
Los responsables de enseñanza autonómicos que han pedido la paralización de la LOMCE deberían reconsiderar su postura por el bien de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestro país. El rendimiento de cuentas en el sector educativo es tan necesario como lo es en los demás sectores. Nadie tiene derecho a pedir que a él no le pidan cuentas. Todas las comunidades y todos los partidos deberían estar de acuerdo en el establecimiento de una evaluación externa al final de la enseñanza obligatoria. Esto podría ser la base para conseguir un gran pacto por la educación.