Con el inicio del nuevo año, el Govern Balear ha adoptado medidas contundentes para derogar disposiciones y normativas que durante la pasada legislatura resultaron adecuadas y eficientes para ayudar a superar la más grave y larga crisis económica que ha conocido nuestro país y en particular nuestra comunidad en las últimas décadas.
El ejecutivo regional ha establecido una suspensión urbanística por un periodo de dos años. Si nos centramos en el municipio de Alaior, estas disposiciones tienen ya consecuencias directas que hay que entender en la suspensión de la tramitación iniciada para la construcción de dos hoteles rurales de alta categoría a emplazar en suelo rústico, que aprovechaban las edificaciones existentes, evitando el deterioro y la ruina de estas construcciones en el campo.
La aniquilación del marco jurídico previo y legítimo, las normas aprobadas con el objetivo de facilitar el crecimiento, a partir de una amplia base de consenso con los sectores implicados, se ha realizado ahora con cierta temeridad y precipitación, casi por sorpresa , de espaldas a los sectores más afectados y, en general, de la ciudadanía. Esta modificación se ha efectuado por el procedimiento del decretazo, siguiendo el procedimiento mediante el rodillo parlamentario del que tanto han malxerrat los que ahora gobiernan.
El decretazo aprobado por el Gobierno, con el pretexto de asegurar la protección del territorio, condena a la economía balear a una especie de parálisis y la hace retroceder a las condiciones que existían en el inicio de la crisis económica.
Es en absoluto admisible que una comunidad de inequívoca vocación turística, de hecho pionera en el despertar del turismo nacional, deje en suspenso la ley de turismo, ley agraria que regula el sector primario y la propia regulación del suelo, sin más, por un período de dos años - lo que supone el bloqueo durante más de la mitad de legislatura- de toda acción susceptible de encajar en el marco legal previo.
El decreto derogatorio es asimismo un ataque directo al sector primario y al futuro del campo menorquín, que apoyó con firmeza la Ley Agraria aprobada en la anterior legislatura. Una vez más, la nueva normativa provoca un paso atrás para el sector agrario al que se dejan apenas resquicios para seguir siendo una actividad subsidiada, en lugar de proveer mecanismos y herramientas que permitan su viabilidad.
El modelo turístico y territorial anterior a la legislatura 2011/2015, el modelo del PTI, llevó a Menorca a unos drásticos niveles de estancamiento y paralización de la inversión sólo remontada gracias a la receta económica aplicada durante la pasada legislatura, cuando se recuperan todos los índices económicos y turísticos, llegando a crecimientos impensables hace más bien poco.
A partir de políticas impulsadas por el Gobierno balear entre 2011 y 2015, mediante una inversión de 1.500 millones de euros se ha logrado una importante mejora en la calidad y la categoría de los establecimientos y servicios turísticos, es decir, una revalorización de la oferta. A todo esto hay que añadir además el inicio de la recuperación estética y funcional de las zonas maduras y obsoletas, con los correspondientes beneficios no solo para el sector turístico sino para todos los servicios auxiliares que intervienen en la renovación de la planta turística balear.
El decreto derogatorio no mejora la protección del territorio y en cambio enturbia y amenaza la confianza empresarial y los movimientos inversores cuando se empezaba a vislumbrar la recuperación. En contra del objetivo que es conseguir una administración fiable, transparente y eficiente, de nuevo se duplican y multiplican los trámites administrativos en número y en tiempo.
Es del todo preocupante que la única acción de gobierno que conocemos por parte de los nuevos gobernantes sea deshacer el trabajo hecho por los anteriores gobernantes.
Se pueden tener diferencias de modelo turístico y económico y es del todo legítimo por parte del actual Gobierno impulsar las modificaciones necesarias en el marco jurídico encaminadas a mejorar este modelo. Faltaría más.
Pero lo que no se puede y es ilegítimo que un Gobierno de una de las principales regiones turísticas de nuestro país, no sepa todavía qué modelo quiere y se limite a dejar en suspenso artículos de las leyes que regulan el turismo, el campo y el suelo en general, nada menos durante dos años, para posteriormente supuestamente consensuando con los sectores implicados y suponemos también con la oposición, definir el modelo que queremos.
Con esta forma de gobernar volvemos atrás, volvemos al sistema de subsidio para que la gente del campo pueda vivir, en lugar de seguir facilitando y ampliando las herramientas aprobadas para que cada uno de ellos pueda seguir creciendo por sí solos.
Pienso, al igual que todas las asociaciones que han levantado la voz, que lo más importante ahora mismo es seguir con una estabilidad y seguridad jurídica que pueda mantener la senda de inversiones como elemento clave para seguir dejando atrás las crisis más grave vivida y seguir con la recuperación económica.
Sin inversión no hay crecimiento, no hay creación de puestos de trabajo y lo más grave no hay futuro.