Las promesas de oportunidades laborales para personas que llevan años desempleadas son tan esperanzadoras que el hecho de estar basadas en potenciales violaciones de derechos humanos parecen no importar, al menos no si hablamos de los derechos de otros. La empresa Navantia está a punto de cerrar un acuerdo con Arabia Saudí para la venta de varias corbetas.
Organizaciones como Amnistía Internacional han dado la voz de alarma porque existe un riesgo claro de que se podrían utilizar para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles en Yemen y para mantener un bloque naval al que Arabia Saudí somete a dicho país desde marzo de 2015, en un conflicto que se ha cobrado 6.000 vidas y en el que 8 de cada 10 yemeníes depende de la ayuda humanitaria debido a ese bloqueo. Todas esas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, políticos españoles de partidos supuestamente antagónicos (PP, PSOE, Podemos) se han manifestado a favor, obviando las gravísimos consecuencias de ese acuerdo. El respeto al derecho internacional humanitario está por encima de otras consideraciones, incluidas las económicas, qué triste que se olvide con tanta facilidad. La situación de las familias desesperadas por encontrar un trabajo es evidentemente dura, pero nuestros representantes políticos no deberían consolarnos con oportunidades de trabajo basadas en la vulneración de los derechos de otras personas, sino luchar para que el derecho al trabajo en Cádiz o Ferrol se haga realidad sin que suponga la muerte de nadie.