En mi anterior escrito (12-05-2016) dejamos a mi atribulado cliente a la espera de que por el Govern balear se procediese a destinar médico y psicólogo al Centro de Atención a la Ciudadanía y Ayuda a los Discapacitados, a fin de que se solucionase el problema que la ausencia de tales profesionales ocasionaba a los discapacitados que precisaban de la correspondiente valoración de su discapacidad, sin la cual no podían acceder a los beneficios fiscales (o de cualquier otro tipo) que la legislación vigente les otorgaba. La falta de los facultativos en cuestión se prolongaba, en aquellas fechas, desde hacía más de dos meses.
Es preciso recordar que mi cliente, al comprar un automóvil, se vería beneficiado con una rebaja en el impuesto de matriculación dada su situación de discapacitado, siempre que presentase el correspondiente informe emitido por el servicio médico del Centro de Atención antes referido.
También es de justicia manifestar que el único político que se interesó por el asunto fue el Sr. Josep Castells Baró, diputado del Parlament Balear por Més per Menorca quien, en fecha 24-06-2016, dirigió una carta a la directora del Centro Base de la Consellería de Servicios Sociales y Cooperación del Govern (de quien depende el Centro de Atención de Menorca) y, por tanto, responsable de que las plazas de facultativos del mismo estén cubiertas, a fin de atender a los discapacitados. Gracias Sr. Castells por su buena disposición aunque, a lo que se ve, no le han hecho caso alguno.
Y es que, por lo visto, para los sociatas y peperos de estos pagos el asunto no merece perder un minuto de atención y esfuerzo pues tras llenarse la boca los responsables del Govern de que en quince días el problema estaría solucionado, resulta que han pasado dos meses más y seguimos igual. Tan es así que mi cliente, ante la urgente necesidad de disponer del vehículo, se ha visto obligado a adquirirlo sin poder beneficiarse del descuento en el impuesto de matriculación.
Y ahora pregunto, ¿a quién puede reclamar el perjudicado por la inoperancia de los Servicios sociales del Govern? ¿tal vez la presidenta Francina le resarcirá de su propio bolsillo el importe abonado por mi cliente innecesariamente? ¿o quizá lo harán las responsables de la Consellería o del Centro de Atención?
Aunque me temo que va a ser que no. Ya saben, primero promesas y promesas, pero al final las reclamaciones al maestro armero y al contribuyente que le vayan dando.