Los funcionarios que pasan a desempeñar cargo político consolidan el «nivel 33» que les incrementa su sueldo con una retribución vitalicia. En alguno casos alcanza los 10.000 euros anuales. En cambio, los ciudadanos que acceden a la política desde la empresa privada no recibirán nunca este plus, que carece de justificación.
Las funcionarios, tal como determina su nombre, ya cuentan con un puesto de trabajo en la función pública, donde gozan de unas condiciones que no disfrutan los trabajadores que no forman parte de las plantillas de la Administración.
Por ejemplo, los «días Moscosos»; o que el cese y despido de un funcionarios exige unos trámites que no se aplican en la esfera privada. Hoy, cuando se impone el criterio de austeridad y control del gasto público para conseguir el equilibrio presupuestario, no es posible mantener este nivel 33 porque constituye un agravio para quienes trabajan en el sector privado. Carece de sentido que un ciudadano, por el simple hecho de ser funcionario, sea primado con un cantidad extra. Es preciso, por tanto, un acuerdo político para suprimir este privilegio. Pero, ¿se atrevirán los funcionarios-políticos?