La Conselleria de Turismo del Govern balear ha modificado su criterio inicial y ha anunciado en Menorca que la comercialización de viviendas entre medianeras para uso turístico ya no tendrá limitaciones de antigüedad y tampoco deberán contar con la autorización de los vecinos. El borrador de reglamento que desarrolla la Ley General Turística incluyó estas exigencias que suscitaron rechazo y una viva controversia.
Tanto los consells insulars como los ayuntamientos manifestaron su desacuerdo al considerar que estas medidas iban a generar más problemas que beneficios, porque con la Ley de Arrendamientos urbanos se pueden alquiler las viviendas sin tantas cortapisas como pretendía imponer el Govern.
El departamento que dirige el conseller Jaume Martínez ha decidido zanjar una polémica que la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca había calificado de «absurda» tras advertir que las imposiciones del Govern constituían una limitación del «derecho constitucional de la propiedad».
Es el momento de alcanzar un acuerdo en torno a una normativa clara que establezca una regulación eficaz del alquiler turístico en Balears.