El equipo de gobierno de Ciutadella anunció ayer, tras haber registrado el PP, en la oposición, una moción con este mismo objetivo, que se personará como acusación particular en el proceso penal contra el exconcejal Avel·lí Casasnovas, por presuntos delitos que habrían supuesto la defraudación de 2'4 millones de euros al Ayuntamiento.
La alcaldesa Joana Gomila basó esta decisión en la voluntad de «poder recuperar el dinero» presuntamente saqueado durante el período 2005-2006. El gran reto que afronta ahora mismo Ciutadella consiste en resarcirse del grave quebranto económico que supusieron las operaciones que se investigan en sede judicial. Es necesario, para atajar la lacra de la corrupción, que, junto al castigo ejemplar que se imponga a los corruptos, se instrumenten medidas eficaces para que hasta el último céntimo sea devuelto. El Gobierno central reguló, en la pasada legislatura, la figura del decomiso y creó la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pero las administraciones perjudicadas deben actuar. Es imprescindible, por tanto, la unidad de acción del gobierno y la oposición para conseguir la eficaz defensa de los intereses municipales de Ciutadella.