El alcalde de Es Migjorn Gran y la concejal y diputada autonómica, Pere Moll y Elena Baquero respectivamente, han sido citados a declarar como querellados por el titular del Juzgado número 2 de Ciutadella. Las diligencias previas que instruye el magistrado Juan Pablo Hidalgo investigan un presunto delito de prevaricación administrativa en la concesión de la licencia municipal y las obras de reforma de un conjunto de 91 apartamentos en Sant Tomàs.
El auto del magistrado Hidalgo no valora la existencia de indicios de un presunto delito de tráfico de influencias, pero constata «características que hacen presumir un posible delito de prevaricación administrativa». En este caso hay que reclamar a la Administración de Justicia que actúe con rapidez y eficacia para determinar si se ha producido alguna irregularidad, de naturaleza administrativa, o ilícito penal, tal como afirma el Partido Popular de Es Migjorn, autor de esta querella contra Pere Moll y Elena Baquero. El alcalde y la concejal prometieron, al tomar posesión, cumplir y hacer cumplir la ley.
Corresponde a la oposición, en su ejercicio de control de la acción municipal, denunciar las irregularidades que detecte en la gestión del equipo de gobierno. Para el alcalde Pere Moll, que recomienda al PP hacer otra política, constituye «política barriobajera». Los jueces y fiscales determinarán quién tiene razón.