El Ministerio de Fomento ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de fijar un tope máximo para el descuento de residente en los desplazamientos de grupos y los viajes organizados por agencias y empresas de transporte. Mientras no se afronta la petición de la tarifa plana de 30 euros, reclamada por las instituciones, resurge esta antigua idea que en su día ya fue planteada y rechazada.
Habrá que esperar al nuevo Gobierno que se constituya después de las elecciones del 26 de junio para abordar la reivindicación de la tarifa de los 30 euros, que exige una respuesta política por el clamor social que ha suscitado. Una contestación que no puede ser demorada más.
Mientras, debe garantizarse la aplicación del descuento de residente con una bonificación del 50 por ciento en el precio de cada billete. Ello no impide que se intensifiquen las actuaciones contra el fraude y la picaresca, así como contra quienes se aprovechan de la actual normativa para elevar los precios de los pasajes artificialmente. El sistema actual tiene sus pros y sus contras pero corresponde a la Administración garantizar la compensación para reducir los costes de la insularidad. Ello exige una permanente atención sobre agencias y otros operadores que manipulan precios.