El 'caso Nadia' ha suscitado un vivo debate social sobre las donaciones económicas para niños enfermos. Entidades de Balears y particulares que se dedican a este noble fin están notando los efectos tras el ingreso en prisión de Fernando Blanco, padre de Nadia Nerea. Es lógico que haya ciudadanos que se sientan engañados, por lo que acaban pagando justos por pecadores. En todo caso, la respuesta está en las instituciones, porque la atención a los menores con enfermedades o discapacidades constituye un deber público. También es cierto que la labor que llevan a cabo las entidades dedicadas a atender estos niños merece todo el reconocimiento, pero las ayudas que reciben estas asociaciones deben ser controladas, comprobadas y justificadas.
El 'caso Nadia' debe movilizar a los poderes públicos, porque el fraude que se investiga se ha producido por la inacción institucional, que debería haber vigilado la acción pedigüeña del padre. En un terreno donde juegan los sentimientos hay que evitar disfunciones y confusiones, con un constante verificación del uso que se da al dinero recaudado. Así se evitará que un escándalo dañe a estas entidades y su prestigio.