La incoación de 8.133 expedientes en materia de Seguridad Social en Balears durante los diez primeros meses de 2016 con la detección de 1.501 empleos irregulares revela que el problema de la economía sumergida continúa en auge, al amparo de la recuperación económica.
Esta actividad económica irregular es perjudicial para el conjunto de la sociedad: fomenta la competencia desleal y el intrusismo, lo que distorsiona el tejido productivo, reduce la profesionalidad, y se dejan de pagar impuestos y cotizaciones, lo que repercute en menos recursos para los servicios públicos. Tanta economía sumergida es sinónimo de tercermundismo e incumplimiento de la ley, que debe ser acatada por todos los actores sociales.
Actuar con eficacia para erradicar el empleo irregular significa tener perspectiva de futuro. Una oferta no regulada, excesiva y baratera, podrá tener cierto éxito a corto plazo, pero dañará la imagen de las Balears como destino turístico. Crea trabajo precario, pero no garantiza seguridad ni estabilidad. La cultura del respeto a la legalidad en el empleo debe imponerse porque constituye la garantía de un futuro de calidad y prestigio para todos.