El convenio de carreteras, firmado en 2007 por la entonces ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, y Joana Barceló, que presidía el Consell insular, para la mejora de la red viaria menorquina constituye un triste ejemplo de mala gestión y demoras, cuya responsabilidad es exigible a la administración insular. Diez años después, solo se ha ejecutado el desvío de Ferreries; en el tramo Maó-Alaior las obras dieron comienzo, pero han sido paralizadas por el actual gobierno del Consell para ser revisadas; aún no ha empezado la mejora del tramo Ciutadella-Ferreries y el de Alaior-Ferreries aún carece de proyecto. El próximo año finalizan las sucesivas prórrogas concedidas por el Gobierno, por lo que el Consell no puede demorar más estas obras. Menorca corre el peligro de perder la asignación estatal al incumplir los plazos.
Tampoco ha ejecutado la institución insular las obras que se había comprometido a realizar en los tramos Es Castell-Sant Lluís, Es Mercadal-Sant Tomàs y Punta Prima-Binibèquer.
Los vaivenes políticos y las modificaciones en proyectos ya aprobados motivan estos retrasos y esta ineficaz gestión, cuyas consecuencias acaban padeciendo todos los menorquines.