Los desacuerdos y discrepancias entre la familia Rubió y el patronato de la Fundació Rubió que lastran la gestión de la entidad creada por el doctor Rubió viven otro episodio al trascender el contenido de parte del informe externo encargado por el Protectorado del Govern balear.
El análisis del economista Miquel Amengual acusa a los patronos de «dejadez, oscurantismo, mala administración y mezcla de intereses particulares y públicos». Al mismo tiempo pide una gestión profesional, plantea apartar a los responsables e incluso una posible intervención judicial con «personal de confianza de la autoridad supervisora». Es preciso conocer los hechos que justificarían estas conclusiones y medidas tan contundentes y radicales.
El Govern también ha denegado el alquiler de Mongofra al empresario Dimitri Sturdza, aún cuando abre la puerta a introducir cambios para que sea viable. Han de cesar, de una vez por todas, las hostilidades entre la familia Rubió y la fundación. Se impone el acuerdo para que la entidad pueda cumplir los fines fundacionales a favor de la sociedad y la cultura de Menorca, porque, en caso contrario, los perdedores serán todos los menorquines.