El miércoles empieza el calendario de paros anunciado por los estibadores de los puertos españoles en lo que constituye una medida de presión sobre el Gobierno por la liberalización del sector, en cumplimiento de la normativa europea. Esta huelga, que se prolongará en días alternos durante las dos próximas semanas, representa una seria amenaza para la economía de Menorca y el archipiélago en su conjunto.
El tráfico marítimo de mercancías es esencial para las empresas de las islas, que con la huelga ven peligrar la entrada y salida de suministros básicos y productos manufacturados. La preocupación, sobre todo en el sector de la preocupación, está justificada, porque los paros acabarán generando un colapso de consecuencias impredecibles, coincidiendo con la temporada turística.
Al final, serán los ciudadanos los principales perjudicados por un colectivo que intenta perpetuar sus privilegios y monopolio en la estiba. El Gobierno no debe escatimar esfuerzos para afrontar este conflicto y minimizar su impacto, en especial en lugares tan sensibles como los puertos de Balears. No podemos tener amenazada ni hipotecada nuestra actividad.