El anuncio de la presidenta del Govern, Francina Armengol, de la convocatoria de oposiciones para cubrir 7.750 plazas de funcionarios -la mayoría en enseñanza y sanidad- ha abierto una batalla entre los diferentes sindicatos del sector público. Incluso fue retirado un comunicado conjunto en el que se criticaba al STEI, que cuestionó la validez del acuerdo al no estar incluido en los Presupuestos del Estado, aún en trámite.
La situación de todos los sindicatos contra todos resulta insólita, si se tiene en cuenta que las pruebas -todavía sin fecha- deben reducir la escandalosa tasa de interinidad en la administración autonómica
Miles de funcionarios trabajan en régimen de interinidad forzada por el bloqueo de las oposiciones impuesto desde el Gobierno como medida de austeridad. El resultado ha sido más interinos para seguir prestando servicios básicos esenciales. Las oposiciones constituyen una oportunidad para regularizar los interinos.
El Govern deberá ahora concretar y formalizar la convocatoria de unas oposiciones que también deben garantizar el acceso al empleo público desde los principios de igualdad, mérito, transparencia y capacidad.