El dictamen emitido ayer por el Consell Consultiu sobre el proyecto de Ley de Vivienda de Balears abre serias dudas sobre la constitucionalidad de varios de sus artículos. En concreto los que obligan a las entidades financieras a ofrecer en alquiler los inmuebles a deshauciar por el impago de hipotecas o la incautación -a bancos y promotores- por parte del Govern de las viviendas que llevan más de dos años desocupadas para ofrecerlas como vivienda social.
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra de medidas similares propuestas en Andalucía. En el seno del Pacte se intenta afrontar cómo ofrecer una planta residencial a precios asequibles. Més se apoya en el proyecto de la ley balear de Vivienda y Podemos aboga por las restricciones al alquiler turístico en los edificios plurifamiliares. En ambos casos, con serias advertencias de inconstitucionalidad. Intentar derivar en los propietarios de inmuebles la solución a este grave problema es inadmisible. Es la Admistración-el Govern y los ayuntamientos- quienes deben tomar la iniciativa. Cuentan con capacidad instrumental y recursos para actuar, más allá de los anuncios y las meras declaraciones de intenciones.