La decisión de algunas de las empresas catalanas más potentes y emblemáticas -CaixaBank, Gas Natural y Banco de Sabadell, entre otras- de trasladar su sede social a otras autonomías para preservar su permanencia en la Unión Europea ante la eventual Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ha ralentizado el proceso independentista promovido por la Generalitat. Se abre otro escenario, en el que varios consellers de Carles Puigdemont priorizan ahora la mediación con el Estado a la independencia, cuya viabilidad real fue cuestionada ayer por Artur Mas en el Financial Times.
La salida formal de relevantes empresas de Catalunya adquiere un gran significado, hasta el punto que ha hecho mella en el bloque separatista. La 'desconexión' de España a través de un referéndum ilegal y sin ningún reconocimiento internacional genera desconfianza e inestabilidad económica. La reacción empresarial es un movimiento que no habían calculado los impulsores del independentismo. Es el momento de rebajar la gran tensión y restablecer la comunicación institucional con respeto al Estado de Derecho. La economía genera un cambio que debe utilizarse para reconducir este grave conflicto.