El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, suspendió ayer la declaración de independencia de Catalunya, consciente de la falta de apoyos del desafío independentista, la orfandad de su Ejecutivo y la preocupante incertidumbre y crispación que ha generado tanto en el mundo de la economía como en el conjunto de la sociedad catalana, profundamente dividida.
Puigdemont comprendió, tarde y mal, tras ser severamente amonestado desde las instituciones de la UE y otros organismos internacionales, que había llegado demasiado lejos y que una declaración unilateral de independencia no conduce a ninguna parte. Se abre, por tanto, una nueva etapa en la que será posible el diálogo, el pacto y el acuerdo siempre y cuando el gobierno de Catalunya se sitúe en el ámbito de la legalidad y cumpla las reglas del Estado de Derecho. La absurda carrera emprendida por Puigdemont, radicalizada por la CUP y otros grupos separatistas, que dicen sentirse traicionados, debe dar paso a un escenario de sensatez. El referéndum del 1 de octubre carece de legitimidad y no ampara declaraciones unilaterales. Es la hora de la gran política para conseguir el definitivo encaje de Catalunya en España.