El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, manifiesta que no acata su cese, aprobado por el Gobierno al aplicar el artículo 155 de la Constitución. En una intervención grabada fuera del Palau de la Generalitat no aludió en ningún momento a su condición de presidente de la virtual república catalana, proclamada desde la ilegalidad 24 horas antes.
La estrategia de los exdirigentes del gobierno de Catalunya pretende minimizar los efectos penales de sus decisiones, conscientes de la inviabilidad de un proyecto secesionista que divide la sociedad catalana. El aislamiento internacional del autoproclamado Estado catalán es clamoroso. Mientras, el Gobierno de España se siente reforzado con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, además de los aliados europeos y Estados Unidos.
Hoy se sabrá el control que tiene el Gobierno sobre la Generalitat y si se producen reacciones. La opción más sensata y razonable consiste en que sean los catalanes quien se pronuncien sobre cuál es el futuro que quieren a partir de ahora. En el horizonte inmediato, las elecciones del 21 de diciembre constituyen un nuevo hito en esta vertiginosa carrera, el último para unos y para otros.