La Agencia Tributaria anuncia nuevas medidas de control sobre el alquiler turístico, concretamente la obligación de las plataformas y agencias de intermediación de facilitar los datos de sus clientes. El objetivo fijado consiste en aflorar la bolsa de fraude fiscal oculta detrás de la comercialización de las viviendas turísticas. Aplicar esta medida no será fácil porque la sede de estas grandes empresas se encuentra fuera de España o, en muchos casos, se trata de acuerdos entre particulares sin la intervención de terceros.
Gran parte de las críticas al alquiler turístico se sustentan en la sospecha de que es una actividad opaca al fisco. Con demasiada frecuencia se confunde la defensa del alquiler turístico por parte de particulares con la permisividad fiscal, y no debe ser así. La comercialización de inmuebles, de cualquier tipo, no está exenta de tributación. La campaña de vigilancia que se anuncia no debe generar agravios, porque la inspección de las empresas con sede en España será sencilla, pero que quienes operan desde el extranjero tendrán más fácil eludir el control de Hacienda. Es imprescindible un trato equitativo para evitar agravios y garantizar la eficacia en la inspección.