El sistema judicial español ha quedado paralizado esta semana por la insólita unanimidad y el seguimiento de la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales. La protesta tiene su origen en las reiteradas denuncias por la falta de medios -personales y técnicos- que impide a la judicatura llevar a cabo su importante trabajo con eficacia y agilidad.
Esta situación acaba repercutiendo sobre los ciudadanos, principales perjudicados de la exasperante lentitud en la resolución de pleitos y expedientes judiciales. El problema no es nuevo, porque se viene registrando desde hace décadas y está a punto de alcanzar el colapso por la carga de trabajo que se va incrementando por el aumento de las tasas de litigiosidad y una plantilla de profesionales prácticamente congelada. Los medios son obsoletos y el sistema informático recientemente implantado no funciona. Todo un monumento a la incompetencia de la que nadie quiere responsabilizarse. El paro de jueces y fiscales debe provocar la inmediata reacción del Gobierno, porque un país donde la Administración de Justicia no funciona correctamente, tiene un grave problema social. Hay que actuar sin demora.