Lo que tenía que ser una medida destinada a compensar los costes de insularidad, el descuento para los residentes en los billetes aéreos y marítimos, se ha convertido en un procedimiento confuso y caótico. Ni las aerolíneas ni el Ministerio de Fomento han conseguido arbitrar un método transparente para controlar los precios y lograr que los residentes se beneficien de esta compensación estatal.
Los pasajes se han encarecido en un quince por ciento desde la entrada en vigor del 75 por ciento del descuento de residente. Las prácticas que aplican las compañías aéreas, mediante algoritmos que calculan el precio de los billetes en función del lugar de residencia del pasajero, perjudican tanto a las arcas públicas como a los viajeros. En el primer caso al aumentar el importe de la subvención que paga Fomento, y en el segundo porque deben soportar un aumento artificial del importe del billete. Es preciso acabar con esta dinámica endiablada y las picarescas empresariales que desnaturalizan y desvirtúan el concepto de esta subvención estatal. El Govern debe actuar con más diligencia y eficacia para liderar la exigencia de un mayor control que acabe con estas prácticas abusivas.