El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha abierto una polémica gratuita al anunciar que el Ministerio de Hacienda controla las rentas de quienes se benefician del descuento de residente en Balears y Canarias. Desveló que el Gobierno quiere averiguar «quiénes se benefician de estas bonificaciones y cuántas veces» para que no sean «demasiados los mismos».
Las desafortunadas manifestaciones del ministro Ábalos ponen de manifiesto la miopía del Ejecutivo socialista que, en lugar de controlar a quienes soportamos los costes de insularidad, debería investigar las aerolíneas que engrosan sus cuentas de resultados con el aumento de los precios en las rutas subvencionadas. Ábalos, que ya intentó aplazar la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento, origina otro incendio político con protestas de gobierno y oposición en ambos archipiélagos. Si el descuento de residente no resulta eficaz para compensar la insularidad por el uso torticero que hacen las compañías aéreas, el Gobierno debe buscar alternativas. Entre ellas, una tarifa plana. Pero siempre ha de garantizar que los ciudadanos de los archipiélagos tengamos los mismos derechos de quienes residen en la península.