Balears es, después de Canarias, la comunidad con la mayor tasa de litigiosidad de España, con 34,2 asuntos por cada mil habitantes, por encima de la media española, que se sitúa en 30,1. Las series estadísticas del Consejo General del Poder Judicial concluyen que, al finalizar 2019, los juzgados de Balears acumulan 22.406 casos penales por resolver, al haber registrado un incremento del 2,4 por ciento.
Al mismo tiempo, en las jurisdicciones de lo Contencioso y lo Social, los órganos judiciales del archipiélago son los que presentan una mayor demora para tramitar y resolver los expedientes, lo que acaba perjudicando a quienes han presentado reclamaciones. Las medidas de refuerzo que se aplican, con el desplazamiento de jueces de la península en comisión de servicio, no consiguen agilizar el gran número de casos pendientes.
Los problemas se extienden en todas las Islas, con demandas pendientes desde hace años. Por ejemplo, los nuevos Juzgados de Ciutadella que se siguen retrasando a pesar de haber calificado el Tribunal Superior de Balears de «tercermundistas» los actuales órganos judiciales. Ha fallado la gestión de los Presupuestos del Estado, necesarios para crear nuevos juzgados, y se precisa espacio, como ocurre en Palma, para atender todas las demandas.