El decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado sábado la declaración del estado de alerta en España plantea enormes dudas sobre su aplicación y deja en el aire el paquete de medidas económicas que deberían figurar para evitar un desplome empresarial. El país afronta hoy una jornada laboral atípica e insólita, la primera de las dos próximas semanas sin que desde el Gobierno se hayan dictado unas directrices claras –incluso en determinados casos contradictorias– sobre el alcance real del confinamiento de la población para contener la expansión del coronavirus. Solo las desavenencias internas entre los socios del Gobierno puede explicar que la declaración de alarma no vaya acompañada de instrucciones sobre su aplicación, además de las ayudas imprescindibles para que empresas, autónomos y trabajadores puedan sobrellevar esta crisis con un mínimo de garantías. Sánchez aseguró que el Gobierno ofrecerá ayudas para mitigar los efectos económicos adversos de esta pandemia, pero es una incógnita el cómo y cuándo. Para mañana se asegura que se conocerá la primera entrega –en Alemania hace días que Merkel las dio a conocer–, pero aquí se habrá perdido –como mínimo– otro día en la lucha contra una crisis que si no se gestiona con acierto puede llevarse por delante miles de empresas y puestos de trabajo; una debacle –el impacto en el sector turístico es demoledor– de la que Balears no se salva.
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