A partir de mañana, el martes en el caso de Balears, miles de trabajadores volverán a incorporarse a sus empresas cuya actividad no se considera ‘esencial'; es el punto de partida del primer decreto de alarma que aprobó el Gobierno y que fue reforzado con medidas más severas de confinamiento para doblegar la curva de contagios. La medida está generando una importante polémica por cuanto algunos epidemiólogos y determinadas comunidades autónomas –entre ellas la balear– discrepan en la relajación de la limitación en el movimiento de la población; en especial al no poder considerarse controlada la expansión del covid-19 y tratarse, por tanto, de una decisión exclusivamente política.
La reactivación en el sector de la construcción, legal desde el pasado Viernes Santo, genera notables suspicacias entre la población. La aplicación de protocolos de seguridad más estrictos en las Islas tratan de reducir el peligro en el repunte de contagios, medidas anunciadas ayer por el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, pero que dejan en el aire las posibilidades reales de control sobre su cumplimiento.
Una duda similar se extiende al compromiso del Gobierno central a la hora de garantizar la distribución de mascarillas a todos los usuarios del transporte público a partir de mañana. Más allá del vaivén de criterios respecto al uso de las mascarillas, el equipo de Pedro Sánchez pone mucho de su crédito en juego a partir de mañana.