La pandemia del coronavirus ha trastocado todas las previsiones de este 2020, en apenas tres meses el escenario económico de Balears -al igual que el resto del mundo- ha cambiado de una manera radical. Las Islas afrontan una severísima crisis que se traducirá en la desaparición de miles de empresas y la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, un escenario que requiere -como no puede ser de otro modo- de la intervención de las instituciones para evitar un desplome definitivo.
Desde el primer momento se han habilitado numerosas líneas de ayuda que, en definitiva, suponen la aportación de recursos públicos que se nutren de los propios contribuyentes o del endeudamiento; no hay más. Pese a todo, los sindicatos mantienen inalterado su calendario de mejoras salariales de un 2 por ciento. Los representantes sindicales, como representantes de los trabajadores, deben ser conscientes de que no es el momento de gravar más las cuentas públicas -100 millones para este ejercicio en la Comunitat Autònoma-. La mayoría de la masa laboral afectada entiende, con seguridad, que ahora no es el momento de imponer las miradas egoístas. Ahora, no.