La investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el reparto de 80 millones de euros en comisiones por las obras del AVE a La Meca, entre los que podría encontrarse don Juan Carlos, supone un duro golpe a la institución monárquica española. Este episodio, que también está siendo investigado por la Justicia suiza, ya ha provocado una primera reacción por parte del actual rey, Felipe VI, que ha renunciado a la posible herencia de su padre y al que le ha suspendido la asignación que recibía como integrante de la Familia Real. Una conversación grabada por el comisario Villarejo, en la actualidad en prisión condicional, en Londres atribuye –según la versión que detalla la empresaria Corinna Larsen– a don Juan Carlos como uno de los perceptores de las comisiones derivadas de la construcción del AVE a la ciudad de La Meca. Todo ello debe ser objeto de una profunda investigación por parte de la Fiscalía, toda vez que los datos de que se disponen merecen ser aclarados en todos sus extremos. El desmarque de la Casa del Rey sobre este asunto aporta indicios muy preocupantes sobre su alcance y consecuencias. La solidez de nuestro régimen democrático se pone a prueba una vez más, frente a la corrupción no caben los privilegios. Ninguno.
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