El sistema de cita previa que han incorporado numerosos servicios de todas las administraciones, como una medida preventiva contra la expansión de la covid-19, ha significado, en general, una pérdida de calidad en la atención a los ciudadanos. No solo por las demoras excesivas en la atención, con esperas de más de una semana para obtener un simple certificado, sino por el perjuicio que se causa cuando no es posible completar una tramitación, en muchos casos, urgente y necesaria.
La situación de la Seguridad Social, en sus oficinas de la plazas de la Biosfera de Maó, es paradigmática por el colapso que padece y la falta de soluciones. Resulta imposible conseguir una cita previa. Los ciudadanos que se personan en la puerta de las oficinas solo pueden comunicarse con un guardia jurado, a través del cristal. Incluso la directora insular de la Administración del Estado recomienda que se acuda a una gestoría privada para completar los trámites. Hay, por ejemplo, trabajadores que han sido padres hace casi un mes y todavía no han podido tramitar la baja por maternidad. Es urgente encontrar soluciones. Un administración sin ERTEs debe dar respuesta a unos ciudadanos que sufren la crisis.