La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vuelve a reunirse mañana con empresarios y sindicatos para acercar posiciones sobre la regulación del teletrabajo, una asignatura pendiente que exige con urgencia criterios claros para que los empleados y los empresarios sepan a qué atenerse. Durante el confinamiento esta modalidad laboral registró una masiva aplicación, en administraciones y empresas privadas, y el repunte de contagios aconseja utilizar fórmulas que permitan coordinar la actividad presencial con el teletrabajo. UGT y CCOO reclaman que el teletrabajo tenga carácter voluntario; que las empresas aporten los medios para realizar la actividad laboral desde casa y también cubran los gastos a quienes teletrabajan. Pero desde la CEOE advierten que si los criterios que se exigen son «imposibles», muchas empresas podrían contratar fuera de España. «El mundo es global y la digitalización es global», afirma el presidente de la organización patronal, Antonio Garamendi. Durante el confinamiento ha sido necesario trabajar a distancia, pese a que esta modalidad, además de no estar regulada, había tenido escasa aplicación por el temor a no controlar al personal, la indefinición del modelo y la falta de recursos técnicos. Ahora es preciso acabar con esta incertidumbre, porque la pandemia impone restricciones entre las que sobresale el distanciamiento social. Acordar la regulación y las condiciones del teletrabajo es un reto inaplazable.