La petición de cárcel por parte de la Fiscalía de Balears a quienes incumplieron, de manera reiterada, las restricciones durante el estado de alarma tiene una clara voluntad ejemplarizante. Puede interpretarse como una solicitud exagerada, pero los fiscales lanzan un mensaje claro sobre la gravedad de la situación y la imprescindible colaboración ciudadana para frenar con urgencia la expansión de la covid.
El actual descontrol es, en gran parte, consecuencia de la irresponsabilidad de muchas personas y el virus sigue matando. La Fiscalía reclama castigos severos y contundentes para que se reactive la conciencia social del cumplimiento de las restricciones y controlar el avance de la infección. Incumplir las prohibiciones puede acabar teniendo un coste muy alto, hasta el ingreso en prisión.
En esta segunda ola de contagios son perceptibles demasiados comportamientos alejados del sentido común, olvidando los principios básicos de cautela y prevención. Recurrir a medidas punitivas supone admitir un fallo colectivo, la incapacidad de asumir que todos somos indispensables para frenar un virus que destruye nuestra salud y la economía. La amenaza de la cárcel quizá sea más eficaz.