La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció ayer que dictará «en los próximos días» una instrucción para unificar el criterio de los fiscales ante la okupación, que calificó de «fenómeno delictivo» que requiere «una acción específica». La juez decana de Palma, Sonia Vidal, atribuyó el incremento de viviendas ocupadas a la falta de claridad de los poderes públicos: «Deben actuar para proporcionar vivienda digna, pero no a costa de la propiedad», subrayó Vidal. En junio del año pasado la Fiscalía de Balears aprobó una medida pionera contra este fenómeno que pasó desapercibida en el resto de España, pero ha contribuido a controlar a los okupas en las Islas. Es una instrucción del fiscal superior, Bartolomé Barceló, que autoriza a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin la intervención del juez. En Inglaterra la Policía puede expulsar, sin orden judicial, a los okupas, que pueden ser condenados a cárcel. La okupación es un fenómeno en auge: solo las denuncias han pasado de 10.367 en 2015 a 14.621 en 2019. Y en el primer semestre de 2020 ya suman 7.540. La fiscal Delgado no puede demorar la instrucción para actuar con eficacia contra este delito.
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