Las denuncias por la ocupación de viviendas en Menorca se ha triplicado en el plazo de cinco años, y tanto fuentes policiales como judiciales pronostican un incremento en este fenómeno durante los próximos meses, acentuado por la emergencia social de la pandemia. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anunció el 7 de septiembre una instrucción para unificar los criterios de actuación de los fiscales para frenar la ocupación, que calificó de «fenómeno delictivo que requiere una acción específica». Y este pasado miércoles el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a referirse en Congreso a este problema que exige nuevas medidas.
Tanto la Constitución como la Declaración Universal de Derechos Humanos reconocen el derecho a la vivienda y también el derecho a la propiedad privada. El incremento de casos de fincas ocupadas pone de manifiesto el fracaso de la política de vivienda así como la situación de vulnerabilidad y precariedad en la que se hallan inmersas numerosas familias. Los poderes públicos han de garantizar el respeto a la propiedad pero también han de impulsar otra política de vivienda, más eficaz, más allá de anuncios y titulares.