La carencia de policías locales en Menorca es endémica y se ha agravado estos últimos años. Falla el sistema, empeorado por los intereses sindicales. Los municipios pueden convocar plazas porque no se han visto afectados por la ‘ley Montoro', que incorporó una excepción para el gasto en temas de seguridad. Pero ‘hacer' un policía es complicado y lleva su tiempo, entre la convocatoria de plaza, la oposición y los cursos. También hay agentes que piden el traslado a otros municipios.
Pero al Govern le vence la parálisis. Tiene las competencias, y podría adaptar la norma para evitar las disfunciones. Y podría suplir las bajas conveniando servicios con la Policía Nacional o la Guardia Civil, como hacen en la Comunidad Valenciana y en Galicia. O estudiar la creación de una policía autonómica. O una turística. Pero no actúa. No se lo ponen fácil los sindicatos. Su resistencia a un ‘bolsín' de policías locales es otro lastre. El gremio exige plaza fija para cada agente y rechaza la interinidad. Así se impide una ordenación lógica de las necesidades municipales. El problema es grave, porque es estructural y pone en juego la seguridad de las personas. ¿Hasta cuándo persistirá?