El cese del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, es el último episodio del rosario de cargos públicos que han sido vacunados contra la covid-19 saltándose los protocolos del Ministerio de Sanidad, que fijó el orden de prioridades. Consejeros autonómicos, alcaldes y concejales de distintas formaciones políticas también forman parte de este grupo de privilegiados que, aprovechándose de sus cargos, han obtenido la protección contra el virus.
En Balears, directivos de hospitales y personal administrativo, aunque el IB-Salut lo justifique. La indignación ciudadana está justificada. No tiene sentido que se inmunice a personas que no figuren entre los grupos prioritarios, que deben ser los residentes en geriátricos y los sanitarios en primera línea contra la pandemia.
Las prioridades, acordadas por el Ministerio de Sanidad y las autonomías, deja clara la secuencia de inmunización. Estas irregularidades lastran la transparencia que debe presidir un proceso tan trascendente, en todos los órdenes, como es la distribución de la vacuna para el conjunto del país. La contundencia y el reproche social son las respuestas para evitar la tentación de quienes quieren saltarse la cola.