La Constitución ampara la inviolabilidad del domicilio. Y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que el concepto de vivienda también abarca las habitaciones de hotel, las caravanas y los turismos. La ley no permite entrar por la fuerza sin la preceptiva autorización judicial o cuando se comete un delito evidente. Pero el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, justifica la entrada de la Policía -derribo de puerta incluido- en pisos turísticos donde se celebraban fiestas ilegales que incumplen las restricciones por la pandemia. En lugar de ejercer la autocrítica, Grande Marlaska persiste en el error, lo que recobra la dimisión, en 1993, del ministro José Luis Corcuera al anular el Tribunal Constitucional el artículo relativo a la «patada en la puerta». Al mismo tiempo, la Audiencia Nacional anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid y condena al Ministerio de Interior a su reingreso en el puesto. La sentencia concluye que el cese era ilegal y el departamento del juez, hoy ministro, Grande Marlaska incurrió en desviación de poder. Cabe el recurso, obviamente, pero es preciso respetar y aplicar los principios del Estado de Derecho.