Sigue la pugna entre el Govern y la Oficina Anticorrupción en torno a quienes fueron vacunados cuando aún no les tocaba. Ahora la investigación se centrará en todos los altos cargos de las administraciones públicas de Balears, unas 1.600 personas. Hay que saber cómo ha administrado las dosis la Conselleria de Salud y con qué criterios. Hay que rendir cuentas tras la ocultación deliberada de los primeros casos.
Este es el pecado original de una situación que no tenía que haberse producido y el grave error cometido por el departamento de Patricia Gómez, con la incapacidad añadida de dar una explicación solvente frente al goteo de casos de vacunados que se habían saltado los protocolos.
Los responsables institucionales deben aceptar las reglas mínimas de la transparencia en su gestión. Las decisiones que toman deben poder explicarse en voz alta y con conocimiento de todos os ciudadanos, porque el ocultismo al que son tan propicios atenta contra los principios democráticos.
La acción de la Oficina Anticorrupción deriva de la falta de asunción de responsabilidades ante unos comportamientos que escandalizaron a la opinión pública y que hoy demandan explicaciones.