El plan de reformas remitido por el Gobierno a Bruselas para conseguir los fondos europeos incluye la supresión de la reducción fiscal por la tributación conjunta en la declaración del Impuesto sobre la Renta. Es la deducción de 3.400 euros que incrementa el mínimo exento del IRPF. Beneficia a dos millones de hogares y su cuantía asciende a mil millones de euros. Nos hallamos ante una subida de impuestos de mil millones de euros que afecta a los 4,2 millones de ciudadanos acogidos a esta fórmula fiscal. El Gobierno de Pedro Sánchez presenta su eliminación como una «política de igualdad», pero aumenta la presión fiscal, sobre todo a los hogares con rentas más bajas, como ya han denunciado la AIReF y el centro de análisis Funcas. La AIReF concluye que es una medida regresiva y que perjudicará más a los más pobres y los hogares en los que muchas mujeres no pueden trabajar. También considera que la desincentiva la participación laboral de la mujer, argumento que invoca el Gobierno para eliminarla. Pero una decisión de esta naturaleza, con el impacto que provoca, debe ser explicada y debatida en sede parlamentaria antes de ser incluida en un plan que ya se ha remitido a la UE.