El Régimen Especial para Balears (REB) aprobado en Consejo de Ministros por el Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019 incluye el ‘factor de insularidad’. Es definido como un instrumento financiero para reducir el impacto económico del hecho insular, especialmente en materia de inversión pública. Este factor debería incorporarse cada año a los Presupuestos Generales del Estado, y el Govern y el Gobierno central han de decidir, en una comisión mixta, el destino de los fondos.
Cuando ya han transcurrido más de dos años, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anuncia en Palma que «en breve» se reunirá esta comisión para concretar la aplicación del factor de insularidad. También siguen pendientes de aprobación las medidas fiscales del REB aprobado en 2019, tal como acaban de reclamar todos los grupos políticos del Parlament al asumir una proposición no de Ley del PP. Hay que acabar de una vez por todas con estas demoras e incumplimientos que perjudican a Balears porque no se espera una rápida revisión de la actual financiación autonómica, con un modelo que castiga a Balears y no reconoce el esfuerzo fiscal que está realizando el archipiélago.