Unos 30.000 empleados públicos se verán afectados en Balears por el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para poner fin a la interinidad en las administraciones. La medida, que obliga a la convocatoria de las plazas, pretende poner fin a un modelo de contratación laboral inadecuado que impide estabilizar las plantillas en las instituciones.
El bloqueo sistemático en la convocatoria de oposiciones ha sido el caldo de cultivo de la interinidad en la Administración. Ahora los afectados deberán superar unas pruebas, aunque con hasta un 40 por ciento de ventaja en la valoración de los méritos.
El acuerdo no satisface a todos los implicados al exigir unas pruebas a funcionarios que invocan su experiencia laboral. Los interinos que no superen las convocatorias cobrarán una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, una compensación inédita en circunstancias normales.
Ha sido la propia Administración la que, con su desidia, ha fomentado esta situación a la que trata de poner fin. Lo que constituye una incógnita es si hay propósito de enmienda para un país con una de las tasas de trabajadores públicos más altas de la UE.