El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha avalado el confinamiento ordenado por el Govern en junio a los estudiantes que habían llegado a Mallorca en viajes de estudios y eran susceptibles de haber mantenido contacto estrecho con infectados de covid. Una de las situaciones más sorprendentes fue la actitud de muchos padres que calificaron de secuestro la decisión de la Conselleria de Salud. Sorprende, en todo caso, que la primera instancia judicial obviase el informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que justificaba el aislamiento dictado por la Conselleria. La pandemia ha puesto al límite el marco de derechos y libertades individuales en nuestro país y las confrontaciones judiciales por esta cuestión han sido una constante, al igual que unas decisiones contradictorias en muchas ocasiones. La falta de una legislación estatal que permita delimitar las competencias de cada institución ha generado multitud de problemas, una lección que debe quedar aprendida de cara al futuro. En el fallo del Tribunal Superior de Balears impera el sentido común, una premisa que debe cumplirse y aplicarse cuando se producen estos vacíos legales.