Las líneas básicas de la reforma laboral promovida por el Gobierno han sido aceptadas por UGT y CCOO. También por la CEOE, pero con significativas abstenciones, entre ellas la patronal madrileña CEIM, la catalana Foment, la del campo ASAJA y la de los automóviles, ANFAC. Esta reforma constituye una exigencia de la Unión Europea para acceder a los fondos Next Generation.
El texto acordado, que prioriza la contratación indefinida sobre la temporal, ha exigido una ardua negociación. Se eliminan dos cuestiones de la reforma laboral que el PP aprobó el 2012: la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales -lo que refuerza el papel de los sindicatos en los grandes sectores productivos- y la limitación de la ultraactividad, o sea, la prórroga automática de los convenios ya caducados.
Esta reforma laboral constituye una victoria política del Gobierno de Pedro Sánchez que ha conseguido sustituir parte de la normativa del Partido Popular, uno de los compromisos de la izquierda. Además, cimenta el papel de la vicepresidenta Yolanda Díaz como líder político. Vendrá ahora la aplicación práctica de este nuevo marco laboral, que motiva la crítica de varias patronales al advertir que «mina la competitividad» en un contexto de crecientes dificultades por los altos costes energéticos y los problemas en las cadenas de suministros.