El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha anulado el decreto de la Conselleria de Educación que regula la red de escuelas infantiles públicas y también ha dejado sin efecto un apartado de la resolución relativa a la colaboración entre el Govern y las entidades privadas que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a tres años.
Con esta sentencia prospera el recurso interpuesto por la Escola Catòlica de les Illes Balears -formada por escuelas y centros docentes de ideario católico- que calificó de «discriminatoria» la normativa aprobada por el Govern al contemplar ayudas únicamente para familias en situación precaria de aquellas escoletes que hubieran suscrito un convenio con la Conselleria. Todos los centros de Balears que no hubieran firmado el acuerdo quedaban excluidos y, en consecuencia, no podían recibir las ayudas de comedor, becas o bonificación de cuotas de escolarización. El Tribunal Superior determina que las familias vulnerables no puden ser discriminadas en función de si el centro ha firmado un convenio con el Govern. Los magistrados concluyen que debe aplicarse el principio de igualdad, que había sido conculcado con el decreto anulado.