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Otra política pública de vivienda para responder a las demandas

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El precio de la vivienda en Menorca se ha encarecido un 6 por ciento en un año, encadenando subidas desde 2016 que, acumuladas, suponen un incremento del 36 por ciento. Al mismo tiempo, los alquileres registran un encarecimiento por la subida del IPC. La inflación alcanza su nivel más alto en treinta años, con un aumento del 6,7 por ciento interanual, lo que supondrá 482 euros más de media al año.

En este escenario de incrementos y encarecimientos, el acceso a la vivienda es un problema para muchas familias y jóvenes que desean emanciparse. Iniciativas como el ‘lloguer ètic' promovido por el Consell no cuajan cuando sólo se ha gastado un 29 por ciento del presupuesto asignado. Y al concluir el 2021 el Govern aún no ha cerrado las ayudas para alquileres correspondientes al 2020.

Los nuevos pisos de protección oficial anunciados por el Govern se retrasan al que tener que aumentar el Ibavi el presupuesto para las promociones de Fornells (once viviendas) y Es Migjorn (nueve viviendas).

Urge otra política pública de vivienda para frenar el incremento de los precios y para dar respuesta a las demandas cada vez más acuciantes. Debe constituir una prioridad para el 2022.

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