La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer el acuerdo con los sindicatos para aumentar el salario mínimo interprofesional en 35 euros, hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme se oponen a la medida y rompen el pacto de la reforma laboral. El nuevo marco laboral afecta a centenares de miles de trabajadores, la mayoría jóvenes y mujeres. La falta de apoyo de las patronales no puede pasar desapercibido en el momento en un incremento que tendrá efecto retroactivo a 1 de enero. En el contexto actual, de incertidumbre económica, aplicar de manera unilateral el incremento acordado con UGT y CCOO levanta recelos entre el empresariado. Mejorar la retribución de los trabajadores ha de reactivar el consumo, porque el rechazo es una cuestión de oportunidad. El Gobierno quiere asimilar la retribución salarial con la del resto de países de nuestro entorno. Pero debe acompasar estos cambios para evitar consecuencias indeseadas, porque la economía española no está recuperada ni estabilizada, y la prioridad es salir de la crisis provocada por la pandemia, agudizada por el gran aumento de los costes de la energía. España avanzará en materia laboral, pero serán los próximos meses los que determinarán la idoneidad de la decisión.