El Índice de Precio al Consumo de marzo en España alcanzó el 9,8 por ciento, el más alto desde 1985, con una tendencia que se mantendrá, como mínimo, hasta el mes de junio, cuando se espera que cedan los precios de los combustibles. Esta inflación desbocada no puede atribuirse al la invasión rusa de Ucrania, como afirma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque las subidas en el precio de la energía –el factor más determinante– se iniciaron en el último trimestre del año pasado.
España se sitúa entre los países que acumulan las subidas más notables y muy por encima de los de nuestro entorno. Todo ello agrava la crisis al restar poder adquisitivo a las familias y competitividad a nuestras empresas. Las protestas de transportistas, agricultores y pescadores son la punta del iceberg de la enorme insatisfacción en la sociedad en general. La gravedad y dimensión del problema apuntan a que los planes del Gobierno serán insuficientes, al ser necesarias medidas mucho más contundentes que las previstas, que confían en una mejora del escenario económico en pocos meses.
Todo indica que se deben aplicar acuerdos políticos mucho más amplios y transversales. La debilidad de la economía española exige acciones más profundas y consensuadas para salir de la actual espiral inflacionaria a la que resulta difícil intuirle el final.