Apunto de arrancar la temporada turística, importantes playas de Balears carecen de servicios por el retraso en las autorizaciones de Demarcación de Costas. Ello provoca perjuicios a los ayuntamientos y una mala imagen del destino. También reabre la reivindicación para que las competencias en materia de Costas y Litoral sean traspasadas a las Islas con el objetivo de agilizar trámites que ahora se eternizan. Un traspaso que interpela directamente al cumplimiento del Estatut d'Autonomia, que fue revisado en 2007. Su articulado prevé asumir competencias ejecutivas en la gestión del dominio público marítimo–terrestre, especialmente en lo que se refiere a la concesión de autorizaciones. Que una autonomía no pueda gestionar la totalidad de su territorio es ya de por sí una anomalía que se agrava cuando esta comunidad es un archipiélago, cuya principal actividad económica radica en unos espacios litorales y costeros sobre los que se decide desde despachos de Madrid. No nos encontramos frente a una cuestión menor sobre la que varias formaciones políticas ya se han manifestado claramente a favor. La misma diafanidad debe exigirse a los dos grandes partidos. Máxime en un año preelectoral. El peso de PSOE y PP en el Congreso y Senado convierte a ambos partidos en actores decisivos para hacer factible un traspaso tan justo como urgente.