El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dado la razón a la Asociación de Constructores de Balears al parar las obras de prolongación del metro de Palma. La razón: el desfase del presupuesto aprobado por el encarecimiento de los materiales. Por su parte, Francina Armengol, presidenta del Govern, que promueve este proyecto, manifiesta que para paliar los efectos de la inflación, el presupuesto inicial de estas obras se ha incrementado un 57 por ciento, y advierte que si paran los concursos, no se podrá licitar obra pública. Tanto a los constructores como a Armengol les asiste parte de razón, por lo que es preciso aunar esfuerzos para combatir los efectos del encarecimiento de las materias primas, combustibles, electricidad y transporte sobre nuestra economía. Un grave problema que perjudica a las familias y las empresas al recortar el poder adquisitivo y demorar las obras públicas, porque el incremento de precios no espera a la burocracia de la cosa pública. El Govern debe poner todos los recursos a su alcance para que los procesos administrativos no se eternicen, lo que exige agilizar la redacción de los proyectos; su licitación, adjudicación y la ejecución de las obras. En definitiva, acelerar los trámites para que, en estos tiempos de aumentos desmesurados de los precios, las administraciones respondan con una gestión más eficaz y más solvente.