El nuevo impuesto a las grandes empresas energéticas gravará con un 1,2 por ciento sus ventas y el de la banca aplicará un tipo del 4,8 por ciento sobre sus comisiones e intereses netos, según la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Son los nuevos gravámenes que anunció el presidente Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. Estas nuevos impuestos, cuya aplicación se prevé con carácter temporal para el 2023 y 2024, no afectarán los beneficios, sino los ingresos de las compañías energéticas. No podrán deducirse en el impuesto de sociedades ni repercutir a los clientes. La Asociación Española de la Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros han advertido que estos nuevos impuestos obstaculizarán la recuperación económica y la creación de empleo. Al mismo tiempo, estos dos sectores -el eléctrico y el bancario- operan en unos escenarios muy regulados por la Administración. Como los mecanismos de la oferta y la demanda son los que acaban fijando los precios, no se comprende cómo se evitará la repercusión de este aumento tributario sobre los consumidores. Si el Gobierno de Pedro Sánchez diseña estos impuestos como una parte del pacto de rentas es preciso implicar a todas las partes -empresarios y trabajadores- con un planteamiento global más claro y más coherente.